Desde noviembre de 2026, el gobierno implementará el sistema SDDR que afectará la compra en supermercados como Mercadona, incrementando costos para consumidores y generando pérdidas para supermercados. Este sistema implica un depósito por envase reciclable, con riesgos sanitarios y logísticos significativos, reflejando una gestión gubernamental cuestionable y un impacto directo en la experiencia de compra y economía familiar.
A partir de noviembre de 2026, la experiencia de comprar en supermercados en España, especialmente en Mercadona, cambiará de forma drástica debido a la implementación de un nuevo sistema impuesto por el gobierno denominado SDDR (Sistema de Depósito y Devolución de Residuos reciclables).
El SDDR es un sistema que obliga a los consumidores a pagar un depósito por cada envase reciclable que compren, como latas, botellas o bricks. Por ejemplo, por cada lata de cerveza se cobrará un depósito de 10 céntimos, lo que incrementará el precio final de los productos. Este depósito podrá ser recuperado cuando el consumidor devuelva el envase al supermercado.
Este sistema supondrá un aumento en el coste para los consumidores, quienes deberán pagar un extra por cada envase y luego guardar estos envases usados para devolverlos y recuperar el dinero. Esto implica un cambio en los hábitos de compra y almacenamiento en casa.
Para los supermercados, especialmente Mercadona, que es la cadena más grande y rentable de España, el sistema representa una pérdida importante de rentabilidad. Mercadona tiene un margen comercial muy ajustado, alrededor del 4,5%, y la gestión de los envases reciclables generará costes adicionales en personal, logística y transporte.
Mercadona es responsable de aproximadamente uno de cada cuatro euros gastados en alimentación en España. Cuenta con más de 100,000 empleados y es reconocida por pagar bien a sus trabajadores y mantener un alto nivel de satisfacción laboral.
A pesar de su tamaño y éxito, Mercadona opera con márgenes muy bajos, lo que hace que cualquier incremento en costes, como el que supondrá el SDDR, afecte significativamente su rentabilidad.
El sistema obligará a los supermercados a gestionar grandes volúmenes de envases usados, que deberán ser separados y almacenados en los puntos de venta antes de ser transportados a centros de recogida. Esto implica un aumento en los costes de personal y transporte.
Además, la dispersión de puntos de recogida en lugar de una centralización aumentará la complejidad y el coste del sistema.
Desde un punto de vista sanitario, almacenar residuos en los supermercados genera riesgos. Los envases usados pueden ser un foco de contaminación bacteriana, especialmente aquellos que contienen restos de bebidas azucaradas o edulcoradas, que son medios ideales para el crecimiento de bacterias como salmonela.
El sistema SDDR refleja, según el análisis, una gestión ineficiente y poco profesional por parte del gobierno. Se critica que no se hayan implementado sistemas optimizados de recogida y separación de residuos, ni campañas efectivas de concienciación ciudadana.
Además, se señala que el gobierno ha destinado recursos a proyectos cuestionables, como ayudas millonarias para cocinas limpias en África, mientras que la gestión del reciclaje en España es deficiente.
Los consumidores deberán asumir el coste adicional de los depósitos por envase, que puede sumar entre 10 y 20 euros mensuales para una familia promedio. Además, tendrán la obligación de almacenar y transportar los envases usados para recuperar el depósito, lo que puede resultar incómodo y poco práctico.
Este cambio afectará especialmente a familias con niños y a quienes consumen grandes cantidades de bebidas en envases reciclables.
Guardar envases usados en casa para su devolución puede aumentar el riesgo de contaminación y enfermedades gastrointestinales, ya que los residuos pueden ser un caldo de cultivo para bacterias peligrosas.
El sistema, tal como está planteado, puede generar un problema sanitario adicional que no ha sido adecuadamente considerado.
La implementación del sistema SDDR a partir de noviembre de 2026 supondrá un cambio profundo en la forma de comprar en supermercados como Mercadona. Aunque el objetivo es mejorar el reciclaje y la gestión de residuos, la forma en que se ha diseñado el sistema genera un incremento de costes para consumidores y supermercados, problemas logísticos y riesgos sanitarios.
Este cambio refleja una gestión gubernamental cuestionable y plantea dudas sobre la eficacia y sostenibilidad del sistema.
Los consumidores deberán adaptarse a nuevas obligaciones y costes, mientras que los supermercados enfrentarán desafíos para mantener su rentabilidad y garantizar la seguridad sanitaria.
Es fundamental que se revisen y optimicen estos sistemas para que sean efectivos, sostenibles y no perjudiquen ni a los consumidores ni a las empresas ni a la salud pública.
