Un año después de su inauguración, el Tren Maya enfrenta críticas por incumplir promesas ambientales, legales y económicas, con un impacto negativo en el medio ambiente y la movilidad de las comunidades locales.
El Tren Maya, un proyecto emblemático del mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentra a un año de haber iniciado sus operaciones. Sin embargo, la realidad dista mucho de lo prometido en su concepción entre 2018 y 2019. A continuación, se analizan los aspectos técnicos, económicos, ambientales y legales que han marcado el desarrollo de este ambicioso proyecto.
Desde el inicio, se prometió que el Tren Maya sería un modelo de cuidado ambiental, asegurando que su construcción no requeriría la tala de un solo árbol. Además, se garantizó que contaría con estudios exhaustivos para minimizar los impactos ambientales y que se respetaría el marco legal vigente. Se planteó que los propietarios de la tierra serían socios a través de fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, mejorando así la movilidad de la población y atrayendo turistas extranjeros.
Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de estas promesas se ha cumplido. La falta de un proyecto ejecutivo sólido y una planificación adecuada ha llevado a innumerables cambios en la ruta, los plazos y los responsables del desarrollo del tren.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) fue el encargado inicial del proyecto, pero posteriormente se transfirió la responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la empresa pública Olmeca Maya Meica. Esta transición, que se produjo en 2024, implicó la salida del equipo multidisciplinario original, liderado por Rogelio Jiménez Pons, lo que resultó en cambios profundos en el proyecto y la caída de diversos acuerdos con comunidades ejidales.
Organizaciones ecologistas como el grupo ecologista del Mayap y el Centro Mexicano del Derecho Ambiental han denunciado que el Tren Maya simboliza la devastación ambiental y un retroceso en materia jurídica. Según Aaron Siller, director regional de la SEMDA, la mala planificación del proyecto ha llevado a la fragmentación de la selva, el deterioro del ecosistema y el aislamiento de poblaciones de fauna. Además, se han reportado inundaciones y encharcamientos prolongados como consecuencia de la mala ejecución del proyecto.
En diciembre de 2018, durante una ceremonia en Tulum, se solicitó permiso a la madre tierra para el desarrollo de los 1,554 km de vía férrea que conectan a Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Se prometió una única manifestación de impacto ambiental para evaluar los efectos del proyecto de manera integral. Sin embargo, se presentaron evaluaciones fragmentadas por tramo, ignorando los daños acumulados en los ecosistemas interconectados.
En octubre pasado, Sergio González Rubiera, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Turismo Receptivo, pronosticó que, debido a la deficiente planificación y la falta de un modelo de negocios turísticos, el Tren Maya está destinado a transportar principalmente carga en lugar de pasajeros. Esta situación plantea serias dudas sobre la viabilidad y el éxito del proyecto en el futuro.
A un año de su inauguración, el Tren Maya enfrenta un panorama complicado. Las promesas de un proyecto sostenible y beneficioso para las comunidades locales han sido reemplazadas por críticas sobre su impacto ambiental y la falta de planificación adecuada. A medida que el proyecto avanza, será crucial abordar estos desafíos para cumplir con las expectativas de las comunidades y del medio ambiente.
