El magistrado Luis Sanz analiza la polémica actuación del Consejo General del Poder Judicial en el Caso Begoña, señalando que la remisión del auto del juez Peinado para investigar una posible falta disciplinaria está basada en un precepto inapropiado. Critica la injerencia política y defiende la independencia judicial, abogando por un sistema de elección del Consejo más autónomo y representativo de los jueces.
En el marco del conocido Caso Begoña, el magistrado Luis Sanz, miembro de la plataforma cívica por la independencia judicial Francisco de Vitoria, ha ofrecido una detallada explicación y crítica sobre la actuación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación con el juez Peinado.
Luis Sanz explica que las decisiones judiciales deben ser recurridas ante órganos judiciales, en este caso la Audiencia Provincial. Por tanto, cualquier actuación del CGPJ sobre estas decisiones supone una injerencia en competencias que corresponden exclusivamente a la vía judicial ordinaria. Señala que el CGPJ tiene un ámbito gubernativo, pero no es superior en materia jurisdiccional, y que las decisiones judiciales solo pueden ser revisadas mediante los recursos ordinarios.
El magistrado considera extraña la reunión urgente convocada el domingo tras la intervención del ministro Fernando Grande-Marlaska, y la rápida decisión tomada el lunes para iniciar trámites para expedientar al juez Peinado. Aclara que esta decisión no implica abrir un expediente disciplinario, sino remitir el caso al promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, quien debe evaluar si existe falta grave y si es competente para actuar.
Sanz señala un problema en la tipificación de la infracción que se atribuye al juez Peinado. Explica que la conducta debería encajar en el artículo 418.6, que se refiere a la utilización de expresiones innecesarias o extravagantes en resoluciones judiciales. Sin embargo, el CGPJ ha optado por el artículo 418.5, que se refiere a conductas fuera de la competencia judicial, incluyendo faltas hacia miembros del Ministerio Fiscal, abogados, procuradores, y funcionarios de policía judicial.
El magistrado destaca que los escoltas mencionados por Peinado no son policías judiciales, por lo que no encajan en el artículo 418.5. Por ello, considera que la remisión probablemente no superará el filtro del promotor de la acción disciplinaria y que el caso quedará en nada.
Luis Sanz critica que el CGPJ sea elegido por los partidos políticos, lo que a su juicio genera problemas como el ocurrido en este caso. Señala que el CGPJ fue creado para defender la independencia judicial, pero que actualmente actúa como un órgano que depura a jueces, lo que considera un sinsentido.
Propone que el sistema de elección del CGPJ se asemeje al de otros países europeos, donde la mayoría de los vocales son elegidos por los propios jueces. Según él, si así fuera, la situación vivida no se habría producido.
En respuesta a una pregunta, Sanz aclara que el auto del juez Peinado no se remite para examinarlo en su integridad, sino únicamente para estudiar si la frase en la que Peinado sugiere que los escoltas podrían ayudar a huir a la presidenta es constitutiva de infracción disciplinaria.
Subraya la importancia de separar claramente la sede jurisdiccional de la gubernativa para mantener la exclusividad de la jurisdicción y la independencia judicial, recordando que solo los jueces pueden juzgar decisiones judiciales.
El análisis del magistrado Luis Sanz pone en evidencia la complejidad y las irregularidades en la actuación del Consejo General del Poder Judicial en el Caso Begoña. La utilización de un precepto inapropiado para iniciar la investigación disciplinaria contra el juez Peinado, la rápida y poco habitual convocatoria del CGPJ, y la influencia política en la elección de sus miembros, son aspectos que cuestionan la independencia y el correcto funcionamiento del sistema judicial.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de reformar el sistema de elección del CGPJ para garantizar una verdadera independencia judicial y evitar injerencias políticas que puedan afectar la imparcialidad y la justicia.
